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La factura electrónica ya está aquí


Factura electrónica

El mes pasado entró en vigor la obligación de expedir factura electrónica para todos los proveedores de bienes y servicios de la Administración Pública (en cualquiera de sus niveles).

Todo ello en el marco de cualquier relación jurídica, siempre que sean sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada, UTE, AIE o, en su caso, personas jurídicas, entidades sin personalidad o establecimientos permanentes no residentes en España, por todas aquellas operaciones superiores a 5.000 €.

Aparte de los ahorros de coste en su elaboración por ciclo de tramitación, impresión, envío y almacenamiento, la emisión de la factura electrónica permite luchar contra la morosidad pública al existir un registro de facturas de difusión pública y contribuye a la lucha contra el fraude fiscal por afloramiento de todas las operaciones contratadas por la Administración y su cotejo con los correspondientes medios de pago.

La ley 25/2013, de 27 de diciembre, que aprobó los requisitos y la obligación de expedición de la factura electrónica retrasó dicha obligación hasta el 15 de enero de este año con el fin de que tanto proveedores como Administración pudieran estar convenientemente adaptadas a este cambio.

Las Administraciones Públicas deberán disponer a estos efectos, de un registro administrativo configurado a través de lo que la Ley denomina “punto general de entrada de las facturas electrónicas” en el que tendrán la obligación de presentarse (las e-facturas) en el plazo de treinta días desde la fecha de entrega efectiva de las mercancías o la prestación de servicios.

La Administración del Estado creó el suyo (FACe), operativo desde el 15 de enero del año pasado y al que ya se han acogido 13 CCAA; a saber: Asturias, Murcia, Baleares, Extremadura, Navarra, Melilla, Cataluña, Andalucía, Canarias, Cantabria, Comunidad Valenciana, Aragón y Castilla-La Mancha. Otras, por su parte, han optado por la creación de su propio punto general de entrada. Además, actualmente, más 5.100 entidades locales se han acogido al FACe.

Para la formalización de la e-factura son necesarios tres elementos:

  • Por un lado, se necesita un formato electrónico de las facturas (EDIFACT, XML, PDF, html, doc, xls, gif, jpeg o txt, entre otros).

  • Por otro, es necesario una transmisión telemática (a través de un ordenador).
  • Y finalmente, este formato electrónico y esta transmisión telemática deben garantizar su integridad y autenticidad a través de una firma electrónica reconocida.

La base de la firma electrónica es el certificado electrónico. Así, para firmar un documento es necesario disponer de un certificado digital o un DNI electrónico. Los certificados electrónicos tienen el objetivo de identificar inequívocamente a su poseedor y son emitidos por los Proveedores de Servicios de Certificación. La dirección del Punto General de Facturas Electrónicas es https://face.gob.es/es/.

Por último, es necesario, resaltar que aquellas empresas que, estando obligadas a ello, no expidan las e-facturas correspondientes podrán ser sancionadas con el simple apercibimiento o, en su caso, hasta con importes de 10.000 € por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones o para la Sociedad de la Información.

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